En la presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional : “El estado de los derechos humanos en el mundo”, que documenta abusos en 159 países, la organización ha afirmado que gobiernos poderosos están bloqueando los avances en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente.
“En la brecha abierta por los gobiernos en la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, ha afirmado Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades.”

Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo.

También ha afirmado que los Estados que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente responsables de dar ejemplo.

La orden de detención dictada en 2009 por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra marcó un hito, al demostrar que ni siquiera los jefes de Estado en activo están por encima de la ley.

Sin embargo, la negativa de la Unión Africana a colaborar, a pesar de la pesadilla de violencia que han sufrido cientos de miles de personas en Darfur, constituyó un crudo ejemplo del fracaso de los gobiernos a la hora de dar prioridad a la justicia frente a la política.

La parálisis del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka, a pesar de los graves abusos –entre ellos posibles crímenes de guerra– cometidos por fuerzas gubernamentales y por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, también dio testimonio de la incapacidad de la comunidad internacional para actuar cuando se la necesita.

Entretanto, Israel y Hamás siguen haciendo caso omiso de las recomendaciones del informe Goldstone del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pedían rendición de cuentas por el conflicto de Gaza.

La brecha abierta por los gobiernos en la justicia hace que se mantenga una perversa red de represión en todo el mundo. Las investigaciones de Amnistía Internacional registran casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países; juicios injustos, en al menos 55; restricciones a la libertad de expresión, en no menos de 96, y presos de conciencia encarcelados, en un mínimo de 48.

Organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques en muchos países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.

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